JUSTICIA

12 - Jan -2021 - 17:21

DENUNCIAN PENALMENTE AL JUEZ QUE AUTORIZÓ APLICAR DIÓXIDO DE CLORO

Jorge García Rúa, el paciente con coronavirus que estaba internado en el Sanatorio Otamendi y al que un juez había ordenado tratarlo con dióxido de cloro murió durante la noche de ayer lunes. García Rúa, presentaba un cuadro grave de COVID-19 que motivó que, José María Lorenzo, el hijo de su esposa, también fallecida a causa de covid, realizara una presentación ante la Justicia Federal para solicitar que recibiera de manera urgente el producto que no se encuentra autorizado por ninguna autoridad sanitaria. Lorenzo, siguió las indicaciones de Dante Converti, un neurocirujano y médico personal de la familia que fue quien recomendó suministrarle la sustancia de manera intravenosa, en conjunto con ibuprofenato de sodio en nebulizaciones. A poco de haber comenzado la pandemia, el dióxido de cloro surgió como posible tratamiento para el coronavirus, pero la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) alertaron en reiteradas oportunidades sobre la peligrosidad de consumirlo. Los anticuarentena, los antivacunas y hasta algunos periodistas insistieron con el uso del dióxido; la anti-política y el anti-gobierno pudieron más que la responsabilidad ante las medidas y las alertas médicas. Pese a todo, Lorenzo se presentó ante el Juez Federal Subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, quien hizo lugar al pedido de la familia al considerar que "la cobertura de los tratamientos indicados no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora". Pero Pico Terreno no realizó ningún pedido de consulta a organismos especializados ni a profesionales médicos. El 7 de enero se cumplió con la delirante medida judicial, pero no fue llevada adelante por los profesionales del Sanatorio Otamendi, sino el propio Converti, que no pertenece al staff de ese centro de salud, se ocupó de suministrarle las dosis a García Rúa. Primero llegó el repudio de la comunidad médica porteña, al punto de que durante la mañana del domingo 10 de enero, se convocó a una movilización en contra de la orden del Pico Terrero en la puerta del sanatorio ubicado en la calle Azcuénaga 870, en el barrio porteño de Recoleta. Mientras que hoy martes llegó la denuncia penal por "mala praxis judicial", una clara intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica.