POLITICA

06 - Dec -2022 - 12:19

LAGO ESCONDIDO: EL ABOGADO DENUNCIANTE PIDIÓ EL DESAFUERO, LA DETENCIÓN Y EL ALLANAMIENTO DE LOS QUE PARTICIPARON EN EL VIAJE

La justicia federal y el Consejo de la Magistratura recibieron hace más de un mes distintas presentaciones que habilitan a investigar si se cometieron delitos o existieron situaciones irregulares alrededor del viaje a Lago Escondido que protagonizaron jueces federales, empresarios de medios de comunicación, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Por su parte el abogado Marcelo Hertzriken Velasco presentó una nueva denuncia ante la fiscalía federal de Bariloche para que se investigue la posible comisión de delitos como la "admisión de dádivas, tráfico de influencias agravado hacia jueces y fiscales y violación de deberes de funcionarios públicos". "Esto que se evidenció lo venía viendo en perspectiva desde hace años", dijo tras afirmar que "el fuero federal merece ser derogado porque importa en la práctica una agencia de tráfico de influencias". La denuncia fue presentada ante la fiscal federal interina de Bariloche, María Cándida Etchepare, quien aparecía mencionada en los chats filtrados como una magistrada que había tomado contacto con miembros del grupo ahora denunciado y estaba dispuesta a dar los pasos necesarios para cerrar la causa o enviarla a la Capital Federal, pese a que la magistrada lo desmintió. Hertzriquen Velasco, pidió este martes a la Justicia que detenga a los participantes que no tienen fueros y arbitre las medidas necesarias para proceder al desafuero de los jueces que participaron y así detenerlos con prisión preventiva. Este es el tercer planteo que presenta el abogado que de entrada buscó convertirse en querellante con el argumento de que "como ciudadano rionegrino me siento personalmente ofendido por los delitos que el grupo aludido presuntamente cometió". También pidió la detención del administrador de la estancia de Joe Lewis Nicolás Van Ditmar, del especialista en comunicación Tomás Reinke, del abogado del Grupo Clarín Pablo Casey y del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D Alessandro. Los señala por "entorpecimiento investigativo" y pide que sean llamados a indagatoria "toda vez que han ofrecido dádivas cuyo valor promedia los U$D 5.000/10.000 por cada uno, ya sea como autores o partícipes necesarios". El letrado especificó que se los debe detener porque a su criterio que estén en libertad implica un "riesgo procesal". El abogado levantó el guante de la situación de los jueces Julián Ercolini, de Comodoro Py; Carlos Alberto Mahiques, presidente de la Sala II de la Cámara de Casación Penal; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9 y Pablo Yadarola, juez del Juzgado Penal Económico N° 2, participantes del viaje al sur. En esos casos, le pidió a la fiscal Etchepare que solicite el allanamiento de sus despachos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires "para secuestrarles la totalidad de los teléfonos celulares que se hallen en su poder, para ser peritados, así como obtenga sus resúmenes bancarios del último mes". A todo ello sumó el pedido a la fiscal que arbitre las medidas procesales para avanzar en el "trámite cautelar" de desafuero de los magistrados, "a los cuales con fueros puede citarlos inmediatamente a indagatoria y luego detenerlos en prisión preventiva requerida ante el juez por protagonizar análogas conductas a las enrostradas". El denunciante realiza el planteo en el marco de la causa 17.869 "Ercolini y otros s/incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dádivas", en el cual hay varias actuaciones como la declaración de Van Ditmar, ocurrida el 23 de noviembre pasado. El viaje de los jueces a Lago Escondido también desencadenó dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura: una la presentó el mismo abogado Hertzriken Velasco el 21 de octubre y la otra el abogado Luciano Ortiz Almonacid cuatro días más tarde; ambas siguen sin ser sorteada. La filtración de los chats, originada supuestamente en el hackeo al teléfono celular de algunos de los protagonistas de ese viaje, también generó denuncias ya que al menos dos presentaciones fueron realizadas ante los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para que se investigue un posible hackeo. La denuncia, que en los tribunales federales de CABA se le atribuyó a uno de los jueces que integran el grupo de que se desplazó hasta Lago Escondido, recayó por sorteo en el juzgado federal 12, que subroga el juez Ariel Lijo, mientras que el fiscal será Ramiro González. En las próximas horas se sumará una denuncia más porque el presidente Alberto Fernández anunció por cadena nacional que instruyó al ministro de Justicia, Martín Soria, para que denuncie penalmente a quienes se encuentran involucrados y son parte del Poder Judicial. El intercambio de mensajes a través de un supuesto grupo de chat involucra a Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D Alessandro -propietario de la línea supuestamente hackeada- y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques. Otros dos involucrados en la filtración, cuyas voces quedaron registradas en audios difundidos, son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de los mensajes de voz- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido. El viaje de los jueces se concretó el jueves 13 de octubre en un charter de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando, un vuelo que sería revelado por el matutino Página/12 en su edición del 17 de octubre.