JUSTICIA

23 - Jun -2022 - 10:15

PROCESARON A JAVIER IGUACEL POR NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA BENEFICIAR A EMPRESAS

El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública en una causa en la que se lo acusa de haber favorecido a un grupo de empresas al extenderles de forma irregular la concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias. El fallo del juez Sebastián Casanello sostuvo que "Javier Iguael, con la asistencia de (el ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo) Stoddart y (el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo) Belenky, se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente". Entre las empresas "supuestamente" beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri. Iguacel fue señalado por el juez como presunto autor del delito, mientras que Stoddart y Belenky fueron sindicados como partícipes necesarios, en tanto que a los tres les fueron trabados embargos sobre sus activos hasta cubrir los 10 millones de pesos. La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por Ana María Graciela Aleña el 16 de agosto de 2019, en su carácter de Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina. En la presentación, Aleña sostuvo que, a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales de forma ilegal e irregular; acción que, no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación. Las irregularidades recaen en la prórroga contractual dictada en el año 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, mediante la que se adjudicó el corredor vial 7 al corredor vial 3; las relacionadas con las prórrogas extraordinarias dictadas desde el año 2017 en adelante en los corredores viales 1 al 6 y 8; y aquellas concernientes a la licitación bajo modalidad de participación público-privada (PPP), llevada a cabo desde el año 2018 en adelante. Una de las hipótesis indica que las extensiones irregulares de las concesiones apuntaba a evitar la realización de nuevas licitaciones que redundarán en una demora para aplicar las PPP, que además le habrían implicado al Estado desembolsos más cuantiosos. Según el Código Penal, se establece que "será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".