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JUSTICIA

29 - Apr -2022 - 11:01

TARDE. La ONU ratificó que se vulneraron los derechos de Lula da Silva durante su juicio.

TARDE. La ONU ratificó que se vulneraron los derechos de Lula da Silva durante su juicio.

María Vázquez Falcó
mariafalco.bsas@gmail.com

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En América Latina las diversas y legítimas demandas populares en salud, educación, economía y justicia han puesto luz en los últimos años sobre los oscuros laberintos de dictaduras enmascaradas que oprimen y condicionan las libertades de los pueblos. Nuevas propuestas autoritarias que, a diferencia de las pasadas dictaduras militares, suelen vaciar de contenido a la democracia a través de la concentración del poder: la comunicación, el poder judicial. Lula sabe bien de que se trata. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ratificó que el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva no contó con las garantías legales durante los procesos penales en su contra por corrupción, los cuales fueron finalmente cancelados por parcialidad. Tarde, la ONU, tarde. El daño está hecho y son los pueblos los que devienen en pagadores de democracias de baja intensidad. Se violaron las libertades de Lula al ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas. Las noticias falsas, las causas falsas y las complicidades mediático-judicial abrieron la puerta bolsonarista que irrumpió desde la derecha regional. "Si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso", remarcó Arif Bulkan, miembro del comité. "Mantener informada a la población", dijo Bulkan como si la circulación de noticias falsas no fuera hoy el brazo armado de una derecha furibunda que enloquece y confunde para arrebatar pensamientos, verdades, ideologías y arrancar el marco de una política contenedora a la hora de gobernar. Lula, encabeza hoy la tendencia electoral que se llevará adelante en octubre de este año. Fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa Lava Jato. El juez encargado de llevar adelante la estafa judicial más brutal que ha atravesado el país vecino, se llama Sergio Moro. Pero claro, después del "trabajo" realizado se convirtió en ministro de Justicia del actual presidente, Jair Bolsonaro. Pertinente espejo con Argentina, jueces entrando a la Corte a dedo y por la ventana y circulando por la puerta de la Magistratura. Durante la investigación, Moro aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, y después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio Lula. Cualquier similitud en relación a "filtraciones" a la prensa argentina en causas a políticos, políticas; no es pura coincidencia. Es la derecha. "La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del ex juez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia", añadió el informe de la ONU. Moro condenó a Lula a nueve años de prisión por presuntos delitos de corrupción en julio de 2017, y al año siguiente, en enero, una corte de apelación aumentó la pena a 12 años. En 2018, Lula cumplía la condena de prisión cuando aún había recursos pendientes, y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año. La tarea estaba cumplida. Ya en 2021 el Tribunal Supremo anuló la sentencia debido a la falta de competencias del tribunal de Curitiba que llevó el proceso. El Comité de Naciones Unidas sostiene que, a pesar de que el Supremo anuló la condena y el encarcelamiento de Lula, "no fue suficiente" para reparar el daño causado, puesto que se violó su derecho a la libertad, a la privacidad, a un juicio justo e imparcial, así como a presentarse un cargo político.


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