El Tribunal Oral Federal de Jujuy que debía juzgar al dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, por su complicidad con delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar, consideró que a sus 94 años no está en condiciones de afrontar un juicio oral y público. La causa por secuestros y desapariciones durante las "Noches del Apagón" fue demorada casi ocho años por la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, quienes deberían explicar a la sociedad la razón de haber "cajoneado" causas. La juez Gabriela Catalano y el juez Abel Fleming decidieron dejar afuera del juicio a Blaquier, mientras que la tercera integrante del TOF, Alejandra Cataldi, consideró que debían repetirse los estudios sobre el empresario, como habían reclamado la fiscalía y las querellas. El Cuerpo Médico Forense (CMF) había dicho que, por el deterioro cognitivo que presenta, Blaquier no puede estar en juicio. Por su parte, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación llegaron a la misma conclusión. Por el contrario, los peritos del Ministerio Público Fiscal dijeron que debían repetirse los estudios, sugirieron que los realizara la Universidad de Buenos Aires (UBA) y explicaron que Blaquier simulaba, incluso uno de los expertos dijo que el empresario se molestó durante la evaluación cuando le preguntaron por las "Noches del Apagón". La querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) también entendió que aparentaba su incapacidad. En 2012, el juez federal Fernando Poviña procesó a Blaquier en dos causas: una por los secuestros que se produjeron inmediatamente después del golpe de Estado –entre los que se cuentan el del médico Luis Arédez, cuya esposa, Olga Márquez, fue el emblema de la denuncia contra Ledesma– y una veintena de secuestros y desapariciones ocurridas en julio de 1976 en lo que se conoció como las "Noches del Apagón", cuando el corte de suministro eléctrico ayudó a los grupos de tareas para llevarse a decenas de personas con los vehículos que proveyó el ingenio. Un año después, la Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento del empresario. Sin embargo, en marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal –con los votos de Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos– revocó su procesamiento y le dictó una falta de mérito paralizando el trámite judicial. Pasaron más de seis años y la Corte Suprema de la Nación se dignó a elevar una resolución admitiendo que Casación había obstaculizado indebidamente el juicio contra uno de los hombres más poderosos de la región. Vergonzoso.
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