Al inicio de esta semana, el diputado libertario-neoliberal José Luis Espert dijo: "No soy ningún negacionista de la dictadura. A lo sumo estoy convencido de que hubo dos demonios. Sí niego que hayan sido 30 mil desaparecidos", remarcó reivindicando su posición de derecha. Por su parte la abanderada macrista y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó una "memoria real" de lo sucedido durante el golpe cívico-militar de 1976. Un guiño para que horas más tarde, militantes del PRO vandalizaron la estación de subte Rodolfo Walsh. En otro rincón, el "televisivo" diputado Javier Milei y el "sin salida" economista Ricardo López Murphy se negaron a acompañar el repudio al terrorismo de Estado del 24 de marzo, mientras que intendentes en Córdoba y Mendoza salieron a declamar que no fueron 30.000 desaparecidos/as. La avanzada negacioncita levantó la discusión sobre qué debe hacer la dirigencia política frente a los discursos que tratan de borrar la historia, minimizar las atrocidades, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura o directamente negar el terrorismo de Estado. El propio Mauricio Macri, siendo Presidente, habló de una "guerra sucia" y negó que hubiera 30 mil desaparecidos. Una vez más, la batalla quedó instalada. Fueron varios los proyectos que distintos diputados/as presentaron en el Congreso para sancionar penalmente a quienes nieguen o hagan apología del terrorismo de Estado en la Argentina. Sin embargo, hasta el momento ninguno llegó a ser tratado en el recinto. La semana pasada, al cumplirse 46 años del golpe, el presidente Alberto Fernández condenó los discursos negacionistas y fue tajante, "me dan asco y vergüenza". En marzo del 2021, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández, presentó su propia iniciativa que cuenta con el apoyo de su bloque y que, a su vez, representa la continuidad de los proyectos presentados previamente por Nilda Garré en 2017 y Horacio Pietragalla Corti en 2019. El proyecto fija un régimen de sanciones a los delitos de negacionismo y apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad, a través de su incorporación como tales al Código Penal. "Estos sectores que no solo son negacionistas, si no que son reivindicacioncitas. Hacen apología a políticas de genocidio o crímenes de lesa humanidad", dijo Eduardo Fernández en comunicación con AM750. "Tratan de banalizar lo fue una dictadura tremenda" y agregó que si los que tienen expresiones negacionistas son funcionarios, el hecho es "mucho más grave", "por eso proyecto de ley contempla la destitución y la inhibición a un cargo público por 10 años". "En el fondo tratan de ocultar para qué vino la dictadura. Tratan de poner en duda la cifra de los desaparecidos pero no hablan de cómo el golpe afectó a la democracia. Disolvieron el Parlamento, prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Resintieron los derechos laborales. Duplicaron la deuda y destruyeron la industria nacional haciendo desaparecer más de 20.000 empresas. Por supuesto que reconocemos que lo principal de la educación y seguir profundizando la democracia, en su profundización", indicó el Diputado. TRES EJES DEL PROYECTO - Incorpora al Código Penal los delitos de negacionismo y apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad. - Fija, respecto a ellos, sanciones como las prescriptas para delitos de similar naturaleza: penas de prisión leves y sanciones económicas, según correspondiere. - Establece obligaciones específicas para funcionarios y funcionarias públicas de todas las jerarquías y jurisdicciones: la comisión, por su parte, de delitos de negacionismo y apología de crímenes de lesa humanidad y genocidio, resulta agravada por su responsabilidad pública, carácter que profundiza las sanciones previstas, inhabilita a sus autores a ocupar cargos públicos durante el tiempo de la condena e incluso los conmina a la realización de una capacitación en materia de derechos humanos, regímenes autoritarios y crímenes de lesa humanidad. En otros país como: Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Gracia, República Checa y Suiza, entre otros países, negar el Holocausto se considera un delito. Las penas van desde multas a prisión por el término de 5 años.
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